Los impagos y las devoluciones son la mayor amenaza para la construcción

El retraso en el pago de las facturas y las empresas en concurso de acreedores o suspensión de pago está lastrando a muchas empresas del sector del ladrillo desde el inicio de la crisis (2007). Muchas de estas empresas del sector de la construcción madrileño se han visto obligadas al casi cese de su actividad debido al retraso en el pago de sus facturas por parte de sus clientes y la falta de liquidez para poder pagar las facturas de los proveedores. También hay que sumarles la inexistencia de financiación que está provocando la desaparición de muchas empresas.

Todo ello sigue produciéndose a pesar de la aprobación de la Ley de la Morosidad 15/2010 que establece unos plazos máximos de pago de 85 días en el año 2010/2011, 75 días para el año 2012 y 60 días en el 2013. Aunque esta ley llega demasiado tarde para algunos empresarios del sector. Este el caso del propietario de la empresa de construcción Amcom, José María Defauce, cuyas antiguas empresas, Sav y Vendimat, acumulan un total de 2.029.811,97 millones de euros, solamente en impagos de otras empresas.



Letra de devuelta a la empresa empresa Vendimat por valor de 13.340 euros

Para este emprendedor madrileño, la clave de los impagos está en las nulas consecuencias jurídicas/económicas que tienen las empresas que se encuentran en concurso de acreedores o en suspensión de pagos y la debilidad de las leyes. “Con las leyes de este país es muy fácil que una gran empresa haga una suspensión de pagos o un concurso de acreedores, puesto que de esta forma cierran las empresas y se les acaban el problema. Sin embargo, las leyes, en este caso, benefician al infractor en vez de a las víctimas, que somos empresas y proveedores. Nosotros somos los que nos quedamos con las deudas y con los problemas”. La misma opinión sostiene el propietario de la empresa Ferrinava, José Carlos Casas, quién todavía está esperando alguna respuesta por parte de la justicia. “En el año 1993, una empresa entró en suspensión de pagos y me dejó a deber 40 millones de pesetas. A día de hoy, sigo esperando una respuesta del Juzgado número 1de Arganda del Rey”.

Además de quedarse con las deudas, los empresarios afectados por los impagados prácticamente no tienen posibilidades de recuperar el importe de las facturas devueltas, tal y cómo explica José María Defauce: “Interpuse una demanda en el Juzgado número 7 de Madrid en el año 2008 contra las empresas deudoras y todavía estoy esperando alguna justificación, ya sea por fax, teléfono o por correo por parte del Juzgado”.