El número de instalaciones de gas y electricidad en España ha experimentado una bajada en los últimos cuatro años. De igual forma, el número de puestos de trabajo indirectos afectados por la caída del sector de la construcción se ha multiplicado. Según la documentación facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de profesionales en estas actividades experimenta este año su mayor recorte. A fecha de 31 de agosto de 2011 son ya 3.966 los desempleados inscritos en el sector de energía eléctrica y gas, 540 más que todos los registrados en diciembre de 2010.
La empresa Gas Aragón es una de las que ha visto cómo actualmente el volumen de actividad ha descendido en más de un 50% en comparación con los últimos años de boom inmobiliario. Las causas de esta bajada se han debido a la dilatación de algunos proyectos que estaban pensados para atender a las grandes urbanizaciones de la comunidad y que en estos momentos permanecen paradas.
En este sentido, su director gerente, Ignacio Montaner, asegura que “las pérdidas más significativas se han registrado en las obras de nueva construcción”. Por ese motivo la compañía ha decidido apostar por vías alternativas que compensen esta caída en la productividad, como es el caso del sector industrial con la puesta en marcha de un plan de gasificación ya definido en diversas poblaciones de la comarca.
Gas Aragón. Foto: Marta Ruiz
Montaner explica que la plantilla interna registró también un descenso del 16,36% en 2009, aunque ahora “es ya muy ajustada por lo que apenas se han registrado recortes a partir de ese año”. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los subcontratistas con los que trabajan en la construcción de instalaciones y mantenimiento. “Estos se han llevado la peor parte, ya que los teníamos asignados por zonas y aunque no se ha prescindido de ninguna de ellas el volumen de gente que hay en cada una es menor”, subraya.
Un ejemplo que certifica las estadísticas oficiales del SEPE, en las cuáles se registra una bajada del 31% desde el 2006 hasta el 2010 en los contratos de actividades de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Unas cifras que se mantienen en 2011, año en el que la contratación no parece subir. En cuanto al número de afiliados, según datos de la Tesorería Generalla Seguridad Social
Por su parte, la empresa Elecnor con sede española en Madrid y filial en Portugal, también se ha visto afectada indirectamente. En su caso la desaceleración de la construcción ha actuado como un efecto dominó en las labores de distribución eléctrica, gas y agua, así como en las obras e instalaciones generales, electricidad y climatización.
Obra hidráulica de canalización de agua potable. Foto: Elecnor
El subdirector de negocio de la zona centro de esta empresa de infraestructuras, Pedro Luís Martínez Oria, declara que “los clientes están revisando todos los contratos y ajustando mucho los precios a la baja”. Una situación que está obligando a las empresas dedicadas a este sector a bajarlos también, incluso en ocasiones por debajo de los costes reales para, según Martínez Oria, “mantener la actividad y los puestos de trabajo”. Unos puestos de trabajo que, debido a la situación de incertidumbre, el 60% de ellos son temporales. Circunstancia que viene siendo la tónica general en las contrataciones de Elecnor, ya que según el subdirector de negocio de la zona centro “con la nueva ley puedes concatenar contratos continuamente, por lo que la norma ahora es la de no hacer fijo a nadie”.
En el caso concreto de la provincia de Soria muchos de los instaladores electricistas que trabajaban en la rama de la construcción han tenido que optar por la de la industria. La vivienda, según explica el tesorero de la Asociación Provincial
Desde APIES se confirma que el número de instalaciones de estos profesionales ha bajado en un 75% desde 2008 y los casos de cierre de empresas o de ERE se incrementan con el tiempo. Los impagos o los retrasos en los cobros son también una de las consecuencias negativas más destacadas para esta agrupación de la región de Soria. “Nuestros asociados están sufriendo un nivel generalizado de impagos o de retrasos; incluyendo casos de organismos oficiales como la Diputación provincial o la Junta de Casilla y León”, sostiene Carlos Gallego, quién augura que “lo peor de esta crisis aún esta por llegar”.
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