La palabra más repetida en campaña

El pretexto de la crisis financiera maquilla las responsabilidades políticas sobre el problema del desempleo español aunque no exonera a los interlocutores implicados de las mismas. En esta coyuntura, los jóvenes se han convertido en uno de los colectivos más expuestos y vulnerables, aunque las consecuencias más graves se adivinan a largo plazo para ellos. Ahora, pagan en gran medida la falta de predisposición de los actores (partidos, empresarios y sindicatos) a alcanzar un acuerdo que contradiga sus intereses particulares y políticos.

Todos los análisis apuntan a la depresión de la economía como la causa principal del aumento del paro, hecho que se ha repetido en las economías mundiales más desarrolladas. Sin embargo, la virulencia con la que ha afectado a España, doblando la tasa media de la Unión Europea, pone de manifiesto que existen responsabilidades de carácter nacional. Por tanto, el desempleo se ha visto agravado por la regulación laboral aunque tenga su germen en las convulsiones del sistema.

A este respecto, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, Carlos Luis Alfonso Mellado, explica que el modelo productivo español está “basado en sectores muy frágiles ante las crisis”. La consecuencia de esta estructura ha dejado en evidencia la debilidad de una economía bulímica que en época de bonanza consume muchos trabajadores que vomita en tiempos de regresión con similar intensidad. 

Reforma necesaria pero insuficiente

Los interlocutores sociales proclaman por ello soluciones basadas en una reforma laboral, aunque existen grandes diferencias en cuanto a sus premisas. “No nos engañemos. Las medidas de fomento del empleo no lo generan por sí mismo, lo hace la actividad económica”, puntualiza Mellado, aunque comparte la necesidad de un cambio de rumbo. El titular universitario apunta dos problemas fundamentales que comienzan a establecerse como norma: la temporalidad y el subempleo, que se convierten en la única alternativa al paro a tenor de los datos.

Así, la enfermedad no se produce tan sólo porque el mercado laboral tenga sus cimientos en la construcción y el turismo, muy ligados a la temporalidad, ya que sector por sector, ésta es de las más altas de Europa. En este contexto, el actual marco laboral ha sido objeto de dos reformas importantes en esta segunda legislatura por parte del Gobierno socialista que, sin embargo, se han demostrado ineficaces en sus objetivos a pesar de tener claro a priori el diagnóstico del problema.

La primera en 2010 pretendía penalizar el empleo temporal pero sus efectos han sido el aumento del desempleo juvenil hasta el 48%, según el último informe de Eurostat, mientras la temporalidad ronda el 90% para los nuevos contratos, como muestra el Instituto Nacional de Estadística (INE). Existen otros datos significativos que apuntan a la necesidad de resolver el problema de la temporalidad ya que más de un 30% de los jóvenes tiene ya un contrato inferior a seis meses.

A tener en cuenta que España destruye ya más empleo indefinido que temporal, es decir, la oferta de trabajo se reduce paulatinamente hacia lo parcial. Frente al fracaso de su propuesta, el Ejecutivo aprobó en agosto de este año una segunda reforma que a juicio de Alfonso Mellado “contradice la emprendida con anterioridad” al eliminar el límite de dos años que permitía encadenar contratos temporales y que puede ser “contraproducente”.

En respuesta, los socialistas defienden el fin de la concatenación porque afirman que en estos momentos es mejor un contrato temporal que un parado. “Es una medida transitoria hasta que la economía empiece a recuperarse”, afirma el secretario de Política Institucional de las Juventudes Socialistas Españolas (JSE), Jesús Greciet. El socialista culpa a la patronal de haber impedido un acuerdo que “ha llevado al Gobierno a emprender en solitario unas reformas necesarias”.

Ante las acusaciones, el empresariado se defiende tachando al ejecutivo de Zapatero de cómplice de los sindicatos que tienen “mucho poder”. Todo ello a pesar de que los centrales de trabajadores se han opuesto a las medidas tomadas. “No lo han consensuado con ellos pero han hecho lo que querían”, concluye el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Eslogan contra la precariedad en el metro de Sol

Foto: Brocco Lee

Legalizar “un fraude de ley”

Así y todo, el fracaso de las negociaciones tiene su ejemplo más evidente en los sindicatos. La huelga convocada en contra de la reforma de 2010 manifestó el primer indicio de disenso entre éstos y los socialistas. Por si fuera poco, el rechazo mostrado por las centrales de trabajadores al decreto-ley de 2011 es rotundo porque creen que es “antisocial” y “legaliza un fraude de ley que permite no justificar la temporalidad”, según afirma el adjunto a la secretaría de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Doreste, y su homólogo de Unión General de Trabajadores, José Velasco.

Ambos apuntan a que la norma elimina la causalidad que exige tal contratación. En este sentido, Alfonso Mellado asegura que ya existía en el mercado de trabajo “una amplia flexibilidad de entrada que permitía el uso y el abuso”, por lo que, sin actuaciones que penalicen y restrinjan este recurso, augura que el exceso de temporalidad conllevará efectos precarizadores en las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud laboral.

Al respecto, el catedrático afirma que con las reformas laborales “se facilita más el despido” e, incluso antes de ellas, el despido justificado y por motivos empresariales era “barato pues más del 90% de los empleadores sólo pagaban 12 días por año”. Ambos análisis reflejan que la legislación laboral tiene mecanismos de contratación y de cese laboral relativamente flexibles.

A pesar de ello, las organizaciones sindicales no consideran que la norma vaya a agravar las cifras de temporalidad dado que las pocas contrataciones que se producen ahora 'reciclan' puestos temporales o sustituyen los indefinidos que se destruyen. Recuerda Mellado que “el fraude ya se cometía antes, por ejemplo, rotando puestos” o se optaba por prácticas alegales donde se desligaba al empleado cuando se cumplía el límite de contratos temporales, el mismo que ahora pospone la última reforma.

El resultado es un mercado laboral dualizado que, en tiempos de recesión económica, ha demostrado que el ajuste se hace siempre a través del despido y, por tanto, castiga con el desempleo a los temporales, que predomina entre los más jóvenes. Véase que el 86% de los empleos perdidos por la crisis afectó a jóvenes de 16 a 29 años, según un informe de CCOO. Los trabajadores temporales están sujetos así a unas indemnizaciones de cuantía escasa (ocho días por año) por lo que su despido es, en términos absolutos, 'barato'.

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