Un salario digno
El doctorando y licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna, Javier Hernández López, de 29 años de edad, explica que al terminar la carrera en el año 2006 viajó a Austria donde encontró una oferta de trabajo en la Universidad Técnica de Raz . Ejerció como biólogo durante siete meses cobrando un sueldo de 1.300 euros. Cuando terminó su contrato regresó a Las Palmas de Gran Canaria, de donde es natural, y decidió comenzar su doctorado en el servicio de Inmunología del Hospital Doctor Negrín. No cobraba más de 800 euros y trabajaba más de diez horas al día. Después de meditarlo decidió abandonar el doctorado y regresó a Austria. Esta vez con una nuevo contrato en la Universidad de Xarl Frances realizando una investigación sobre inmunología en invertebrados. Pudo doctorarse con un sueldo de 1.800 euros y actualmente realiza un postdoctorado hasta 2015. En tres años comenzará a cobrar 3.300 euros. Por el momento no piensa volver a España.
Casos
como el del biólogo Javier Hernández se multiplican a diario. Pero la situación
no varía entre parámetros económicos únicamente. Según el Informe INNOVACEF 2011 las mayores diferencias entre las
condiciones laborales ofrecidas en el exterior y en España son aparte del
salario: la estabilidad laboral, el reconocimiento social, la financiación y la
carrera científica.
En referencia a
la precariedad de los salarios de los jóvenes investigadores en España la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales argumentó que “quizás en España no se puede retribuir tan elevadamente como en el
exterior, pero si se puede ofrecer unos salarios justos en función del valor
aportado por el científico, acompañado de unas acciones conjuntas
público-privadas que compartan tanto los costes para la contratación de las
investigaciones como una cultura proclive a la transferencia del conocimiento
científico al sector privado”.
Por
el contrario, el secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García
Rubio se opone a la intervención
total de la empresa privada para fomentar el sistema de I+D+I español porque
defiende que “ la investigación básica del Estado tiene y debe ser
esencialmente pública”. Según García Rubio, si las entidades privadas
gestionaran el grueso de la investigación existiría un conflicto de intereses
ya que “ los intereses de la investigación del país pueden no ser los intereses
de las empresas”.
La
disyuntiva entre lo público y lo privado se hace evidente en el debate de la
investigación en España. La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada el pasado 12 de mayo de este año fomenta entre otras cosas
la movilidad del investigador entre el sector público y privado pero no deja
claro cuales serán las medidas que desde el Ministerio de Ciencia e Innovación
se tomarán al respecto.
En
cuanto a la citada ley, la presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores/ Precarios, Pilar Navas Parejo manifiesta que desde la federación confían en que
el documento ayude a aumentar el nivel de confianza en el sistema de I+D+I
español. Sin embargo, discrepan en la falta de apoyo para crear la carrera investigadora
. De la misma forma, piensan que es necesario impulsar la investigación en el
sector privado y la transferencia del conocimiento científico entre sectores. “Ha
cambiado la mentalidad del investigador en cuanto a la empresa privada. Nos
hemos dado cuenta de que en países como EE.UU, donde la inversión privada es
fundamental, todo funciona mucho mejor”, comentó Navas.
La
iniciativa legal no cumple con las expectativas de todos y esto ha quedado
demostrado, por ejemplo, en la manifestación `la educación no se vende, se
defiende´, del pasado 17 de noviembre. Desde las asambleas de las universidades
públicas de España pedían que se derogará la Ley de Ciencia a favor de que la
investigación no quedara en manos de inversores privados.
Soluciones
a este escenario existen y muchas. Culpables también. Pero la necesidad de
encontrar una fuerza común que ponga fin a esta `fuga de cerebros´ ha hecho que algunos se manifiesten a
favor de una mejora en el sistema de investigación, desarrollo e innovación
español. Investigadores, políticos, estudiantes, empresarios y profesores hablan
de forma positiva de que es posible dar un cambio de rumbo y encauzar la
situación tomando las medidas adecuadas. Si no es así, la pérdida de todo ese
potencial científico y capital humano marcará el porvenir de la nueva sociedad
“post crisis” de España.
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