La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS), que agrupa a profesionales sanitarios, usuarios y asociaciones sociales y sindicales, denuncia la progresiva privatización de competencias como la asignación y petición de citas mediante el Centro de Atención Personalizada. El sistema telefónico, puesto en marcha por la empresa Indra, entró en funcionamiento el pasado mes de marzo. “Ha generado más problemas. Hay pacientes con dos citas, se alarga la lista de espera y no sabemos con quién contactar para solucionarlo. Tenemos un desconocimiento total”, afirma la trabajadora del Centro de Salud Mental Doctor Luengo Rodríguez y miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) Victoria Yelmo.
Las privatizaciones se efectúan en el marco de la Ley 15/97 aprobada el 25 de abril de 1997 durante la primera legislatura de José María Aznar. La ley establece que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”. En 2009 Izquierda Unida (IU) presentó en la Mesa del Congreso una propuesta de modificación de la ley que fue admitida a estudio y sobre la que no se ha resuelto nada aún. La iniciativa tenía el respaldo de 400.000 firmas recogidas en una campaña de trabajadores del sector, ciudadanos y usuarios.
"No se cubren las plazas ni por jubilación, ni por fin de contrato", afirma Victoria Yelmo. Según explica el centro en el que trabaja ha permanecido tres años sin jefe de Servicio y un año con un psicólogo menos en plantilla porque la Comunidad de Madrid no asignaba a nadie para ocupar el puesto. “Ahora lo cubre una psicóloga con contrato mensual”, dice Yelmo. Además asegura que no entran profesionales interinos y los únicos contratos que se realizan son de tipo eventual.
El Estatuto de los Trabajadores admite, en su artículo 15, el contrato eventual de corta duración bajo los supuestos de “acumulación de tareas o exceso de pedidos en la actividad normal de la empresa”, con una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de 12 meses, o por sustitución “a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo”. En el caso del Centro de Salud Mental Doctor Luengo Rodríguez, que atiende a las poblaciones de Móstoles, Villaviciosa de Odón y Arroyomolinos, se trata a pacientes que requieren tratamientos de larga duración por lo que “la calidad asistencial y el servicio están deteriorados”, tal y como afirma Victoria Yelmo. La lista de espera en adultos para consulta psiquiátrica es hasta febrero de 2012 y para consulta psicológica hasta marzo del mismo año.
Las carencias no son solo de tipo asistencial sino también de tipo material. Victoria Yelmo denuncia que el centro estuvo sin fotocopiadora desde el año 2009 hasta el año 2010 y que desde agosto no cuentan con sistema de fax. Esta situación no es la misma en toda la red sanitaria de salud mental de la Comunidad de Madrid. La enfermera Carmen Fabero del Hospital de Día Bartolomé González de Móstoles para pacientes con hospitalización parcial asegura que “hoy por hoy no tenemos los problemas de otros centros, pero no sabemos cuál va a ser nuestra situación en unos meses. Estamos en total incertidumbre”. Según explica las diferencias se deben al lugar que ocupan los centros dentro de la estructura organizativa del sistema sanitario y al procedimiento de derivación de los pacientes. “El Hospital de Día está en el tercer nivel por lo que la derivación es directa desde el Hospital General de Móstoles, de Salud Mental de Móstoles y de Navalcarnero”, dice Fabero.
“La gente no es consciente de lo que está pasando”, así define Victoria Yelmo la actitud de los pacientes ante la falta de material, personal y lista de espera. “Nosotros les instamos a que pongan reclamaciones ya que es la única manera de arreglar la deficiencias”, afirma. Según ella la Consejería no busca soluciones reales para los verdaderos problemas, sino que se limita a responder “lo estamos tramitando” a aquellas personas que insisten en sus demandas. “En algunos centros me consta que se ha llegado a anular la cita de un paciente para poner a otro”, dice Yelmo.
Carmen Fabero coincide con Victoria Yelmo en el desconocimiento social de la situación de algunos centros y profesionales: “La gente no es consciente de lo que pueden suponer tantos cambios en la calidad del servicio. Lo que necesitamos son recursos humanos, tiempo y material. Para no estigmatizar a los pacientes de salud mental no hay que desmejorar la atención que se les presta”, concluye Fabero.
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| Cartel contra la privatización de la sanidad pública. Foto: M.D. |
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