La cifra de desempleados del sector de la construcción en España ha superado, tras cuatro años de crisis económica, los peores augurios de Gobierno, sindicatos y Administraciones Públicas. El impacto de la brecha financiera que golpea cada día con más fuerza el empleo y el mercado de trabajo, ha reducido casi a cenizas el que era hasta hace media década uno de los pilares más competitivos sobre los que se sustentaba el estado de bienestar: el sector de la construcción.
Esta afirmación se ratifica con los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal. Así en torno al 12% de los beneficiarios de prestaciones en el año 2000 procedían de trabajos relacionados con este sector. En 2009, periodo en el que se registró el mayor número de despidos en esta actividad, ascendió al 22% mientras que en 2011 es del 19% sobre total de los perceptores.
No obstante, a pesar de este aumento en la protección social, la coyuntura es adversa. La no reactivación de puestos de trabajo necesarios para adelgazar las listas de paro ha provocado que sean cada vez más los que han agotado los dos años de prestación a la que tenían derecho. Una situación que se ve plasmada en un descenso de tres puntos porcentuales de aquellos perceptores procedentes de cotizaciones sociales y como consecuencia, un incremento que roza los cinco puntos en aquellos que reciben ayudas asistenciales o el subsidio.
El Jefe de Negociado de Cobros Indebidos de la Dirección Provincial de Zaragoza, José Antonio Berdún, explica que “una vez cubierta la situación de necesidad es preciso plantearse el reempleo lo más rápidamente posible y no prolongar la percepción indefinidamente”. Una medida que recoge el Real Decreto-Ley de febrero de 2011 y que combina actuaciones de orientación y formación para el empleo dirigidas a los colectivos más afectados por la crisis, como es el caso de la construcción. “Estos, al presentar más dificultades de inserción laboral por su baja cualificación, es necesaria su reconversión por las dificultades de colocación en ocupaciones relacionadas con el sector”, insiste Berdún.
Oficina de Empleo de Fuenlabrada. Foto: Marta Ruiz
Por su parte, el Secretario Federal de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT y responsable del sector de la construcción, Juan Carlos Barrero, considera que la mejora de la empleabilidad en la actividad de la construcción “no se puede combatir desde una posición de sanciones y de pérdidas de prestaciones”, sino que “es preciso apostar por políticas activas que se ajusten a las necesidades del mercado de trabajo”.
De igual forma, Barrero se muestra a favor de las medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes acordadas por el Gobierno el pasado mes de agosto. “Fueron muchos los jóvenes que abandonaron sus estudios atraídos por la expansión del sector de la construcción ocupando puestos de baja calidad, y que en el año de su caída fueron los primeros en ser despedidos”, sostiene. Son estos jóvenes los que también han visto cómo se ha agotado su prestación contributiva, la cuál ha bajado en el último año un 40% en edades comprendidas entre los 20 y 24 años, nuevamente según datos del SEPE.
Desde la Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras (FECOMA-CCOO), su secretario en Castilla y León, José Luís Sacristán, plantea otro frente. Éste “considera inadmisible” que se hable del fraude de las prestaciones por desempleo como “principal causante de la crisis”. Sacristán califica de injustas las palabras del presidente de la CEOE en julio, quién señaló que “hay parados que no quieren dejar de serlo”.
A partir de aquí queda abierto un debate a escala nacional. En palabras del director de la Oficina de Empleo de Leganés, Eugenio Rueda, “existe un alto número de desempleados a los que les compensa seguir manteniendo la prestación contributiva, ya que mientras mantenían su empleo recibían sueldos muy elevados”. Por su parte, José Antonio Berdún, añade que “en todas las actividades económicas se produce un determinado nivel de fraude y, en ese sentido, en las prestaciones procedentes de la construcción no lo es menos”. A pesar de ello, considera que no debe de tratarse de una cuestión sancionadora únicamente, sino también de carácter cultural, y argumenta que “lo deseable es que el fraude deje de ser considerado una cuestión de inteligencia o picaresca nacional, para pasar a calificarse de inmoralidad”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario