Los medios de comunicación están convirtiendo a ciudadanos
de a pie en expertos economistas. Con sólo ver la cifra ‘478’ se puede deducir
que es la prima de riesgo bajando, o subiendo según lo lejos o cerca que esté
España del rescate y el ánimo de los inversores. La palabra crisis ameniza las
sobremesas de los ciudadanos, sus viajes en coche después del trabajo o la hora
de la cena. Más temido es el sonido de las tijeras recortando derechos sociales
para rescatar a una banca que, si bien no actuó correctamente, de momento no ha
recibido represalias por el Gobierno de turno. Además de la educación, la
sanidad y la economía, hay otra realidad, otros derechos que también están en crisis, que se están viendo
coartados de forma progresiva: la libertad de expresión y el derecho a la información.
 |
| Fuente: PSOE Navalcarnero. |
El 28 de mayo sale
a la luz la noticia por parte de varios medios de que el centro de Salud
Mental de Navalcarnero estaba a punto de cerrar debido a los recortes. 35
plazas destinadas al tratamiento y reinserción sociolaboral de personas con
enfermedad mental iban a desaparecer con los consiguientes profesionales que
trabajaban en el centro. La noticia se hacía eco de que “gracias a una partida
presupuestaria de 1,31 millones de euros de la Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid” el centro continuaría funcionando hasta 2015. La
empresa Intress, Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, lo continuaría
gestionando.
Milagro entre tanto tijeretazo, sobre todo cuando la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha decidido recortar
1.045 millones de euros en la capital a costa de la Sanidad, entre otros,
puesto que ahora se cobrará por estancia a los mayores en los centros de día un
30% de su renta per cápita y retirará de su cartera de servicios sanitaria el
cambio de sexo y la vacuna del neumococo, así como los tratamientos contra el
tabaquismo.
¿Qué dicen de todo esto los Centros de Rehabilitación
Laboral y Psicosocial o El Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales?
Nada. No dicen nada. Las fuentes no quieren hablar de los recortes que están
sufriendo por miedo a represalias. Y menos aquellos financiados por la
Comunidad de Madrid, cuyos trabajadores se pasan unos a otros la pregunta de “¿Cómo
está afectando la crisis y los recortes al área de Salud Mental”? para
finalmente no obtener más que una respuesta vaga: “Sí lo estamos notando,
tenemos más plazas que atender pero con los mismos recursos. No puedo hablarte de
esto”, concluye una psicóloga de un Centro de Rehabilitación Laboral del sur de Madrid.
El Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales,
Intress, tampoco ofrece testimonios esclarecedores acerca de cómo está
afectando la crisis y las reformas a éste área. El responsable de Salud Mental de Intress, José Manuel
Cañamares, afirma que las informaciones publicadas acerca del centro de
Navalcarnero no son del todo ciertas puesto que “se acabará disolviendo debido
a las privatizaciones que están teniendo lugar y porque además depende de la
Consejería de Asuntos Sociales”, dice. El último ejemplo lo representa el nuevo
hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, gestionado por Capio, una entidad privada.
Cañamares reconoce que sí están teniendo que atender
a más personas con los mismos recursos, pero que la respuesta a la crisis y a
los recortes “aún está por ver ya que está en pleno proceso”. Y matiza: “La
respuesta es diferente según la comunidad, pero en Madrid de momento parece que
no va a haber mucho impacto ya que no está habiendo recortes en servicios de
rehabilitación”. Sin embargo en Castilla La Mancha se está produciendo un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) en la Fundación Sociosanitaria que afectará a 40 de los 256
trabajadores que hay en plantilla. La razón se sustenta en una reducción del
presupuesto para el año 2012 de un 32,58 por ciento para centros dedicados a
atender a personas con enfermedad mental grave, afectados de sida y
drogodependientes.
Por otra parte un gráfico en la web de Intress refleja que en 2012
se han visto reducidos el número de residencias totales (las cuatro existentes
en Baleares), las plazas residenciales (de las 192 camas que había en 2011 este
año quedan disponibles 92) y las plazas de día integradas en centros.
La Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM) publicó el 3 de junio un editorial en el boletín de la AMSM en el que sí se refleja un gran impacto: "La situación de la Sanidad madrileña en su
conjunto, y la Salud Mental en particular, viene condicionada por esta
situación: recortes, privatizaciones y re(des)organización asistencial. [...]. Desde la finalización del anterior Plan
de Salud Mental, la inversión ha sido prácticamente inexistente". Y añade que serán las personas con enfermedad mental y sus familias las que más acusen la crisis y subrayan que "el máximo exponente de esta violencia es la
limitación del acceso a las prestaciones que sufrirán los inmigrantes
indocumentados con enfermedad mental que, desposeídos doblemente de su
condición de personas, transitarán por las urgencias y las unidades de agudos
sin poder acceder a la continuidad asistencial de los CSM o del equipo de
calle".
No hay comentarios:
Publicar un comentario